DE JUICIOS Y OPERADORES DE IMPUNIDAD ...

DE JUECES, Y OTRAS YERBAS JUDICIALES


A veces la idea del hartazgo, pasa sobrevolando el cielo de la lucha. Pero es un solo instante. Nada puede ni podrá oscurecer esa lucha, si los peores momentos de la impunidad no pudieron. Por estos días las voces de los eternos “bajalíneas esclarecidos”, reiteran su viejo y falso discurso en el que se posicionan como “maestritos”, para decirnos a los demás como opinar o como vivir en democracia, mientras como siempre denotan su perfil lobista del golpe genocida mientras vomitan su veneno. La razón es la molestia que le produce a los poderosos palabras como las de nuestras Madres refiriéndose al Poder Judicial. Entonces sus lenguaraces, pagos o no, salen a cagar sentencia, como de costumbre maquillados de demócratas preocupados por la institucionalidad. Frente a esto, las palabras de nuestra Hebe de Bonafini y las Madres, nos permiten comprender mucho más la profundidad de su encendido discurso en la movilización por la Ley de Servicio de Medios Audiovisuales.
Personas dignas y comprometidas desde el Poder Judicial, han dejado en claro que son más los jueces y funcionarios de la justicia que trabajan por un mayor equilibrio y justicia para nuestro pueblo. Pero claro esos muchas veces no se ven como los que actúan en contra, sea como sea que se manifieste ese ir en contra de los intereses de la comunidad o de sus derechos. Compartimos conceptualmente esta visión y opinión. Sino fuera así no seguiríamos resistiendo también desde allí para hacer realidad definitivamente el Juicio y Castigo a los Culpables. Hemos reivindicado desde nuestro lugar, a figuras fundamentales como el ex juez Luis Alberto Cotter, el fallecido juez Ignacio Larraza, el ex fiscal Hugo Omar Cañon que declararon inconstitucionales la leyes de impunidad mientras desde el Poder Judicial se llamaban a silencio en un acto de complicidad brutal. Sumamos a ellos a la jueza Susana Calcinelli y al actual fiscal de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Abel Córdoba, entre otros, que son la confirmación de esa realidad. Pero en este caso, queremos hablar del ¿último? acto de gestión de la impunidad y privilegio para los genocidas que actuaron en el Quinto Cuerpo de Ejército y su CCD “La Escuelita”.
Como es de público conocimiento, la causa original por los crímenes de la dictadura cívico militar genocida en la Bahía del Silencio y la Impunidad, tuvo una tarea monumental de instituciones como la nuestra y de la APDH Neuquén, y una labor judicial que avanzó en forma incomparable de la mano de la Cámara Federal de Apelaciones, que en 1986 estaba avocada a la misma.
A partir del 2005, reiniciados los enjuiciamientos luego de la anulación de las leyes del gobierno radical de Punto Final y Obediencia Debida, como de los Indultos del gobierno justicialista neoliberal menemista, la misma pasó a manos del Juez Alcindo Alvarez Canale quien desconoció procedimientos que si hubieran sido reiniciados desde donde habían quedado al suspenderse los juicios, habrían permitido avanzar rápidamente de acuerdo a lo concretado por la Cámara. Sin embargo en una conducta que ha marcado su accionar, su intento permanente fue el de hacerse notar como pionero y protagonista en un tema que exige compromiso en el proceder judicial como mínimo, que el no tiene ni le importa. Sus procedimientos lograron como resultado más importante cinco años de atraso en llegar a un juicio oral. Libertades por falta de mérito fellinescas, como la del médico Humberto Luis Fortunato Adalberti denunciado por un colega de concurrir al CCD “La Escuelita”, prueba que consideró insuficiente. También entre los logros de este juez, está el atraso que permitió la muerte de imputados centrales sin ser juzgados, o la profugación de los mismo por no actuar con celeridad en detenerlos, tal como sucede con la fuga desde hace más de tres años del Jefe de Inteligencia del Quinto Cuerpo Aldo Mario Alvarez. El juez Alcindo Alvares Canale tiene una denuncia, elevada por nuestra institución y la APDH Neuquén ante el Consejo de la Magistratura, completada con todos los elementos de juicio en setiembre de 2009.
Se ha cumplido un año desde que el juez Alcindo Alvarez Canale se decidió, después del agobiante tramiaterío judicial y nuestras exigencias hechas públicas, a proceder a la primera elevación a juicio oral de 18 genocidas de las primeras líneas de la represión. Cinco años, 18 a juicio con alrededor de 80 imputados, suena hasta burlón. Además de las cinco solicitudes más de elevación a juicio por parte del Dr. Abel Córdoba, aún no resueltas por ese juzgado.
Con aproximadamente ochenta imputados, el 95% esta suelto merced al otorgamiento privilegiado de libertades domiciliarias o excarcelaciones por parte del Juez Alcindo Alvarez Canale y la Cámara Federal de Apelaciones. A estas conductas descaradas y burlonas, después de 34 años de impunidad, muestra a quienes responden determinados jueces. El juez Velázquez, y la jueza jubilada Torterolo, integrantes del TOF que debe juzgar a los genocidas, votan en tándem en el mismo sentido y son responsables manifiestos de facilitar la nueva etapa de impunidad. Es decir la de los genocidas que usufructúan aspectos constitucionales y de ley, que estos jueces federales y otros provinciales no suelen aplicar en el delito común, donde en todo caso y criteriosamente también debería aplicarse. Pero además lo aplican con total descaro y con fundamentos que quiebran la mínima ética e incluso hasta se podría decir que la ley misma, al otorgar estos beneficios incluso a los que se han profugado y luego fueron habidos. ¿Esta es la justicia para los peores delitos de la historia argentina, después de 34 años del inicio oficial del genocidio?. ¿Cuál es el lugar de respeto, consideración y justicia para las víctimas del terrorismo de estado, sobrevivientes y familiares de los muertos y desaparecidos, que aplican estos jueces?. Podríamos agregar aquí una sumatoria de despropósitos proimpunidad, que victimizan aún más a los que padecieron el terror en forma directa, habilitado por estos jueces. Sin embargo solo vale agregar ¿el último?, que suma claramente en el abuso de poder.
Uno de los trámites finales, que debería habilitar a que se fije rápidamente la fecha del primer juicio oral ya elevado, es la presentación de pruebas. En cuanto a los plazos para esto, las partes han tenido tiempo más que suficiente al revisar la causa antes de la elevación, por lo que tuvieron entonces el mayor tiempo que reconoce la justicia en ese sentido, habiendo revisado el cuerpo completo de la misma minuciosamente. Sin embargo, la presentación de la prueba debe estar en el mismo nivel de otros tiempos usuales según la importancia del trámite, comparable a las apelaciones. El TOF acaba de sentar un precedente que aporta al privilegio y la impunidad. Por pedido de la defensa de los genocidas, el mismo les ha otorgado 30 días hábiles para concretar esa prueba y que se vence el 17 de noviembre del corriente año. Un acto de abuso judicial por el cual se impide la realización de ese juicio también para este año. Estos son los jueces que desprestigian aún más al Poder Judicial.
Nuestras Madres por la palabra de Hebe de Bonafini, han calificado, acusado y denunciado a los jueces que son parte de la impunidad de los poderosos. Sus palabras, que como hemos dicho acompañamos, no hacen más que mostrar la verdadera cara de jueces como estos que nos han tocado en desgracia en la Bahía del Silencio y la Impunidad, para retrasar o detener la Justicia que merecemos todas y todos, terminando definitivamente con la impunidad del genocidio cívico militar.
El hartazgo sobrevuela nuevamente el cielo de la lucha, pero no nos ha vencido ni nos vencerá, no se la vamos a dejar tan fácil y mucho menos silenciosa o anónima.

Eduardo A. Hidalgo – Secretario General – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca

NOS ABRAZAMOS ANTES, NOS ABRAZAMOS HOY, NOS ABRAZAREMOS SIEMPRE NUESTRAS MADRES ... Y NO SOMOS LOS UNICOS ... ACA SE MUESTRAS ... -

Me enteré que el CELS critica a Hebe. Me duele entender que su discurso frente a tribunales atenta contra nuestro gobierno. Me preocupa saber que el gobierno se trata de política, y que en ese campo domina la pragmática, y que ésta supone que si espantás votos, vas en contra de lo que se llama perspectiva electoral.

Y que sin gobierno no hay política. O sea, AUH, estatización de AFJP, convenciones colectivas, reestatización de fábrica militar de aviones, ley servicios audiovisuales, salario mínimo, políticas de inclusión social, integración latinoamericana, distribución de la riqueza...
Pero más me cuesta entregar a Hebe a la hoguera de los gorilas que sostienen que manipulamos los ddhh. Porque es así: en Hebe se resume la contradicción entre democracia y justicia. Contradicción que deja afuera la especulación, el cálculo electoral, la pragmática marketinera, políticamente correcta.
Con Hebe podemos avanzar hacia la justicia. La democracia, la estrategia de lo posible, deja a Hebe afuera. Deja afuera el conflicto social. Es lo que estaríamos haciendo al sostener la crítica del CELS. Y no jodamos con compararla con Estela, esa pelotudez. Hebe es la misma de siempre.
O nos equivocamos nosotros al elegirla como aliada, o la manipulamos nosotros.
Pero si alguna dignidad conservamos cuando hablamos de militancia nacional y popular, bien nos cabe reconocer que cuando hablamos de Hebe, hablamos de quien creó con su propio cuero el espacio sobre el que hoy transitamos nuestro 'progresismo'.
Y que si queremos construir un horizonte de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política, lo haremos con Hebe. Sin Hebe, podremos tener quizá, un horizonte electoral.  -

Por Diego Fernandez

UN ASESINATO IMPUNE ... Y UN FUNCIONARIO ENCUBIERTO PARTICIPE ... LA MEMORIA IMPARABLE ...

Silvia Ana Filler fue asesinada el lunes 6 de diciembre de 1971 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Diversos sectores de la comunidad universitaria, organismos de DD. HH y familiares de la víctima solicitaron al rector que Horacio Luis Raya abandone sus funciones en la Facultad de Ingeniería
Numerosos miembros de la comunidad universitaria, organismos de derechos humanos y familiares de Silvia Filler –joven asesinada el 6 de diciembre de 1971 durante una asamblea de estudiantes de la Facultad de Arquitectura- presentaron una denuncia al rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Francisco Morea, mediante la cual se solicita la “intervención” de la máxima autoridad de la casa de altos estudios para expulsar de ese ámbito a “una de las personas acusadas ante la justicia de participar en los hechos que terminaron con el asesinato de Filler”.
La carta, fechada el 29 de septiembre, fue entregada por los denunciantes en mesa de entrada de Rectorado, con copia al Consejo Superior.
Según manifiestan, todo habría comenzado a partir de que la integrantes de la Facultad de Ingeniería la presencia de Horacio Luis Raya como trabajador de la Universidad. En ese mensaje, la mujer expresó su “rechazo” y el de su familia por esta situación. Esto generó un profundo malestar en la comunidad universitaria, a tal punto que se abrió un expediente sobre el tema.
La carta presentada ante la máxima autoridad universitaria expresa: “Hemos tomado conocimiento de que se encuentra trabajando en la Facultad de Ingeniería el Señor Horacio Luis Raya, DNI… quien fuera expulsado por la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 1972 mediante Resolución de Rectorado N° 3239 en base a las actuaciones del expediente N°2650-2870/72 y que fuera ratificada por Ordenanza de Consejo Superior nº 24 del 8 de marzo de 1973”.
Según consta en el expediente mencionado, Raya “fue una de las personas acusadas ante la justicia de participar en los hechos que terminaron con el asesinato de la estudiante Silvia Filler el 6 de diciembre de 1971 cuando se realizaba una asamblea de alumnos de la Facultad de Arquitectura”.
En la presentación se señala que según declaraciones de Raya, también citadas en la Resolución, “él fue una de la personas que se reunió con los miembros de la CNU (Concertación Nacional Universitaria) para solicitarles su apoyo, cosa que acordaron y que luego concretaron en la acción irrumpiendo en la asamblea y desatando los hechos que terminaron con el homicidio de la alumna, varios heridos y daños en las instalaciones de la universidad, que en ese entonces se denominaba Universidad Provincial de Mar del Plata”. Y sigue “Según se concluye, también en el expediente referenciado, Raya y otros alumnos solicitaron ese apoyo ya que serían acusados en la asamblea convocada por el CeAM (Centro de Arquitectura Marplatense) por haber denunciado ante las autoridades de la universidad provincial a otros compañeros estudiantes de haber participado en el impedimento del desarrollo de una cátedra de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En la asamblea se “valoraría la conducta” de él y otros miembros del CEAU (Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo)”. -

EXPULSIÓN DE LA UNIVERSIDAD -

En la carta presentada ante el rector, los denunciantes citaron diversos pasajes de la Resolución de Rectorado mencionada, mediante la cual el Rector Interino de la entonces Universidad Provincial resolvió: “Aplicar la sanción de expulsión de la Universidad Provincial de Mar del Plata, a los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo: Horacio Luis Raya- Matrícula 261/62”.
La sanción fue apelada por Raya y otros alumnos a los que alcanzó la medida, por lo que el Consejo Superior, a través de la Ordenanza Nº 24, del 8 de marzo de 1973, resolvió “No hacer lugar a la apelación interpuesta por Horacio Raya (entre otros) contra la Resolución de Rectorado nº 3239/72, por los propios fundamentos de ésta, y que se dan por reproducidos, confirmándose en su consecuencia, la expulsión de los nombrados de la Universidad Provincial de Mar del Plata.”
Cabe destacar que en dicho documento emitido por Rectorado en 1972 consta una minuciosa investigación sobre las implicancias que se le atribuyen a Raya en el hecho que culminó con el crimen de Silvia Filler. -

DEBATE VÍA E-MAIL -

La ingeniera Marta Susana Filler, hermana de Silvia, fue la que dio con el hallazgo. Su indignación la superó y decidió denunciar el tema a través de un correo electrónico enviado a una lista de correos denominada “Todos”, la cual nuclea a gran parte de los miembros de la comunidad universitaria de la Facultad de Ingeniería.
La respuesta del señalado no tardó en llegar. Según consta en la carta de denuncia “Raya envió a la lista “Todos” de la Facultad de Ingeniería, un correo electrónico desde su casilla de mail, titulado “Respuesta a la Ing. Marta Susana Filler”, fechada el 20 de agosto de 2010, en el que manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente:
“Utilizo el mismo medio por el cual usted emitió opiniones sobre lo ocurrido en el pasado, en el que desgraciadamente estuve involucrado... Quiero dejar en claro que:
1) Nunca pertenecí a ninguna agrupación política ni estuve, ni en el pasado ni en el presente, afiliado a Partido Político alguno.
2) No fui uno de los integrantes del grupo que irrumpió el 6 de diciembre de 1971 en el Aula Magna de la Facultad de arquitectura ni estuve en ninguna reunión previa, por el contrario, yo me encontraba en el interior de dicha Aula y no asesiné ni herí a persona alguna, en todo caso fui potencialmente también víctima de la agresión que se consumó ese día por estar en lugar de los hechos en mi calidad de estudiante de Arquitectura y no en ninguna otra”
Los denunciantes señalan que esta declaración “contradice” las realizadas por testigos que aparecen citadas en la Resolución de Rectorado que determinó la expulsión de Raya. Incluso, también denuncian las contradicciones con las “declaraciones que el propio Raya hiciera en aquellos años, en donde -como se puede leer en la Resolución- reconoció su participación en reuniones previas a la preparación de la agresión que culminó en el asesinato de Silvia Filler”.
La carta presentada al rector es contundente. Los firmantes le piden a Morea que “debería ratificar los términos de lo expresado en la RR 3239 del ´72, y en la OCS nº 24 del ´73 iniciando las acciones que garanticen la expulsión, en su más amplio concepto, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a quién nunca debería haber regresado a la misma. Les solicitamos formalmente que arbitre las medidas necesarias para enmendar esta lamentable situación”. -

FIRMANTES DE LA CARTA -

Representantes de la Agremiación Docentes Universitarios Marplatense (ADUM).
Representantes de la Comisión Directiva y el Cuerpo de delegados de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU)
Centros de Estudiantes de la Facultades de Psicología (CEPS), Humanidades (CEH), Derecho (CED), Cs. Económicas y Sociales (CECEyS) e Ingeniería (CEI).
Decanos de las Facultades de Cs. Exactas y Naturales, Humanidades, Derecho y Arquitectura.
Familiares de Silvia Filler.
Representantes de las agrupaciones: Movimiento Universitario Sur, Confluencia, Avanzada, Meps, Unidad-Cepa, Causes y Franja Morada.
Organismos de Derechos Humanos: HIJOS Regional Mar del Plata, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CAMUS, Comisión por los Juicios, APDH, entre otros. -

La muerte de Silvia Filler, una herida presente -

Silvia Ana Filler fue asesinada el lunes 6 de diciembre de 1971 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Un grupo vinculado con la extrema derecha peronista ingresó a golpes y tiros a una asamblea de estudiantes, la joven de 18 años recibió un disparo en la cabeza que terminó con su vida minutos después en una clínica del centro de la ciudad. Los autores materiales del crimen, dos miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) fueron condenados y liberados en 1973 con la amnistía a los presos políticos durante el gobierno de Héctor J. Cámpora.
El motivo de la asamblea del lunes 6 de diciembre, fue la expulsión de los alumnos de Arquitectura, Hugo Roberto Torrado y Rafael San Martín, que el viernes 3 habían arrojado una pastilla de gamaexane en la clase de un docente de la cátedra de Construcciones que profesaba las ideas del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Oscar Ivanisevic, hombre vinculado a la ultraderecha peronista. Los alumnos fueron denunciados por el Centro de Estudiantes de Arquitectura Unidos (CEAU), grupo al que pertenecía Horacio Luis Raya. Enterado de lo ocurrido, el rector de la Universidad Provincial de Mar del Plata, Carlos Pantín decidió expulsarlos.
El sábado 4, el Centro de Estudiantes de Arquitectura Marplatense (CEAM), integrado por agrupaciones de izquierda, llamó a una asamblea para el lunes 6 donde se exigiría la reincorporación de los alumnos y se tomarían medidas contra los estudiantes delatores.
En tanto, el domingo 5, en el departamento del CNU Héctor Corres, estudiantes de la CEAU programaron que la concentración de la patota que debía irrumpir en la asamblea sería en la casa de Fernando Federico Delgado, otro miembro de la CNU que en la actualidad se encuentra prófugo de la Justicia acusado del secuestro del periodista Amílcar González.
Ese lunes el aula magna de la Facultad de Arquitectura, ubicada el Diagonal Alberdi 2621 -donde actualmente funciona el Rectorado-, estaba repleta. Cerca de las 19 comenzó la asamblea liderada por el CEAM. Silvia estaba sentada en una de las gradas junto a su amiga Beatriz Hinojal.
Según consta en la investigación penal posterior, algunos de los estudiantes de CEAU, entre ellos Horacio Raya, Beatriz Arenasa, Oscar Silvestre Calabró, Carlos Cuadrado y Carlos Zapatero comenzaron a insultar a quienes realizaban la asamblea. Cuando el enfrentamiento se recrudeció Arenasa y otros estudiantes escaparon en busca del grupo que esperaba en la casa de Delgado armado con bombas de gas lacrimógeno, cachiporras, cadenas y armas de fuego. La resolución del Rectorado por la cual Horacio Raya fue expulsado de la Universidad de Mar del Plata resaltó que el alumno “juntamente con los demás integrantes de su grupo se ubicó en la puerta del aula magna y desde allí se dedicó a provocar un enfrentamiento que diera pretexto al ataque armado. Que no solo no advirtió a las autoridades universitarias, ni a sus compañeros de la conjura, sino que por el contrario siguió participando activamente en la misma, culminando con los graves hechos que provocaron la muerte de su compañera y heridas a otros dos más y graves daños al patrimonio moral y material de la Universidad Provincial de Mar del Plata”.
Al menos 16 personas ingresaron al aula magna. Entre ellos Raúl Viglizzo, Marcelo Arenaza, Carlos Eduardo Zapatero, Eduardo Salvador Ullua, Fernando Federico Delgado, Héctor Corres y Juan Carlos Gómez, estos dos últimos llevaban armas de fuego.
En medio de la pelea Corres y Gómez dispararon en varias oportunidades contra los 300 alumnos reunidos. Silvia no alcanzó a tirarse al piso y una bala le dio en la cabeza. En medio de los dispararon un grupo alcanzó a salir del edificio y pidió ayuda a dos patrullas estacionadas frente a la facultad. Los policías dijeron que no podían hacer nada.
Los estudiantes José Fiscaletti, Marcos Chueque, Oscar Alberto Ibarra y Nestor Adolfo Vila resultaron heridos, pero sus vidas no corrieron peligro. Silvia fue trasladada de urgencia a una clínica del centro de la ciudad, donde murió a los pocos minutos.
El martes 7, una multitud acompañó los restos de Filler. Un grupo de estudiantes se desprendió la marcha y atacó a pedradas las vidrieras de la empresa Piantoni Hnos. El abogado Ernesto Piantoni era el líder de la CNU. En el cementerio, el rector Pantín fue tomado literalmente de los pelos por algunas personas que lo sindicaban como responsable de haber permitido el ataque. Días después renunció a su cargo.
Beatriz Arenasa, los hermanos Horacio y Eduardo Raya, Raúl Viglizzo y Oscar Calabró fueron detenidos por el crimen y luego absueltos. Corres fue detenido a las pocas horas del crimen en su casa de la calle Santa Fe y Rivadavia. Juan Carlos Gómez permaneció prófugo durante un tiempo escondido en Capital Federal. Ambos miembros de la CNU fueron juzgados y condenados. La madrugada del 26 de mayo de 1973 recuperaron la libertad tras la amnistía a los presos político decretada por el presidente Cámpora.
Gómez murió en un enfrentamiento con la Policía Federal en medio de una investigación por narcotráfico. Por su parte Corres ejerció su profesión como abogado. En 1992, el menemismo quiso nombrarlo juez, pero organismos de derechos humanos lo evitaron. Actualmente vive en el sur.

El crimen de la estudiante Silvia Filler significó una bisagra para las organizaciones políticas de la ciudad. A partir de ese día violencia y política construyeron una amalgama indisoluble por muchos años.

PARA DEBATIR Y REFLEXIONAR ...

Redistribución de la palabra




Alejandro Romero(*)



Historicamante en nuestro país, mas concretamente en su ciudad capital, las marchas políticas, de apoyo o reclamo hacia un gobierno se realizaron en la Plaza de Mayo, por ser este el centro neurálgico natural en donde el espacio público y la expresión popular se hace visible y actúa como caja de resonancia de los contenidos de esos actos; pero no es la única plaza comprometida en este tipo de acontecimientos; en dirección opuesta y como extremo geográfico de la avenida que los separa, o los une, está el otro lugar fundamental de las decisiones históricas que rigen nuestro país, y ese es el edificio del Congreso Nacional, situado frente a la misma Plaza de los Dos Congresos; allí tambien el pueblo se ha manifestado en apoyo o reclamo de leyes vigentes o en tratamiento.

Dos de los tres poderes naturales que rigen institucionalmente nuestros país, vieron infinitamente en el tiempo diversas manifestaciones populares, fueron eco o hicieron oídos sordos a la expresión popular; pero el tercer poder que parece ser sagrado es la Justicia, todos los reclamos le pasaban lejos, no solo geográficamente sino principalmente en lo que a su intervención o responsabilidad le correspondían.

Así pues la zona de la Plaza Lavalle, frente a la cual está entronizado el Palacio de los Tribunales y del poder judicial, nunca fue objeto de ningún tipo de protesta, reclamo o manifestación que cuestionara sus acciones; quizá tal vez hace algunos años atrás, solo las familias de las victimas del atentado a la AMIA hicieron oír sus reclamos mensualmente, pidiendo que se investigue y se haga justicia a través del lema “Justicia, justicia perseguirás”, pero desde hace bastante tiempo han dejado de hacerlo.

Por eso que desde hace un tiempo, los reclamos de justicia igualitaria, para que se cumpla en su totalidad con la nueva Ley de medios y Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por el Congreso Nacional, viene teniendo como escenario a la plaza de los Tribunales de Buenos Aires, incorporando al poder judicial como lo que es, la tercera columna fundamental de la democracia en nuestro país.

Es llamativo, pero lógico, que los reclamos populares siempre fueron hacia el Poder Ejecutivo y hacia el Poder Legislativo y nunca hacia el Judicial; obviamente esto se debe a que tanto los miembros de uno como de otro de los dos primeros poderes son el resultado del voto popular y son los responsables de aplicar y generar las normas que regulan la vida democrática; pero el poder Judicial tiene la característica que es el único de los poderes políticos cuyos miembros no son elegidos por el voto popular ni la intervención directa de los ciudadanos, sino por el contrario su designación es exclusiva y sus mandatos trascienden los plazos naturales de los distintos gobiernos; amen de tener la particularidad y la atribución de decidir, a través de sus fallos sobre la vida y el accionar de la sociedad en su conjunto individualmente.

Quizá alguno o varios leguleyos pueden refutar con habilidad estas definiciones, arguyendo independencia de poderes, constitucionalidad, sistema democrático, normas establecidas historicamante; de lo cual nadie reniega, pero lo que queda claro que este poder está como situado en un estrado inalcanzable, inatacable, lejos de la realidad de la gente de a pie y con el poder suficiente como para decidir si ciertas normas vigentes deben o no ser aplicadas; mas aun cuando quien cuestiona esa validez el lo que en su momento se denominó el Cuarto Poder, es decir lo que en su momento fue el periodismo, y hoy es claramente el Primer Poder y que esta constituido por los medios de prensa hegemónicos, que desde siempre fueron cómplices de los golpes de Estado las crisis gubernamentales, cuando esos gobiernos no eran lo que les convenía.

La nueva ley de Servios de Comunicación Audiovisual y como toda norma vigente esta escrita para que sea cumplida y respetada, de no ser así se debe exigir para que se cumpla y de eso se trata hoy la movilización y los actos públicos que se están dando



diariamente, como el ultimo realizado el pasado 28 de septiembre en Plaza Lavalle de Buenos Aires.

Queda claro que toda práctica comunicacional es una práctica política, y por ello a partir de diciembre de 2001 las clases dominantes entran en una crisis interna histórica y ello se debe fundamentalmente a la disputa de los espacios públicos de consenso (escuelas, medios de comunicación, etc) y del poder político del Estado, el cual fue siempre de su pertenencia. Estos espacios son el sitio actual de la puja de poder, y escenarios de la conflictividad (de crispación según su propia definición).

Esta ley contempla y obliga al Estado a entender al ciudadano como un sujeto de derecho y respetar a la comunidad y al individuo como tal, en el uso de esos espacios que distribuye la democratización de la palabra posibilitando nuevos enfoques y mostrar la realidad social, no dependiendo de la “objetividad” de los medios hegemónicos

Por lo tanto hay que redefinir la democracia y la participación democrática de todos los sectores que durante 500 años fueron invisibilizados. Se debe tener en claro que las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad y son los Estados quienes lo administran.

En este escenario se hace visible la situación de conflictos preexistentes, que siempre se acallaron y controlaron; en ese marco el periodismo y la militancia son fundamentales; y se debe disputar espacios de opinión y tender a generar contenidos formadores de pensamiento crítico, diferenciador del discurso hegemónico.

La democratización del conocimiento es fundamental para avanzar en este proceso en el que se debe tener como premisa la idea de inclusión y participación; es decir alcanzar el poder popular y así la democratización.

Ninguna transformación es posible sin no se transforma la realidad social; los medios son las herramientas para `profundizar el proceso.



(*) Periodista - Escritor - Comunicador Popular